La simbiosis entre el crimen organizado y la clase política mexicana no es una novedad. Sin embargo, en términos de percepción, esa dinámica adquirió nuevas propiedades durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Después de sexenios como el de Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), la instalación de una política en materia de seguridad que mantiene como slogan “abrazos no balazos” significó para muchos sectores de la sociedad –e incluso para la comunidad internacional– una complacencia de facto por parte del Estado mexicano hacia los criminales.
En ese sentido, la operación de las agencias de inteligencia y seguridad estadounidenses para extraer a Ismael “El Mayo” Zambada de nuestro país y tenerlo bajo su custodia en su territorio es un elemento que puede sacudir la política doméstica nacional y también profundizar la asimétrica relación entre ambas naciones; toda vez que la información que pudiera concentrar Estados Unidos –si es que el histórico líder del Cártel de Sinaloa decide adherirse a un esquema de cooperación– significaría una ventaja estratégica para el sometimiento –disfrazado de negociación– de distintos grupos de poder en México, incluidos empresarios y políticos.
Y es que, durante casi 50 años, “El Mayo” mantuvo una posición de relativa invisibilidad, operando desde las sombras mientras sus socios más notorios, como Joaquín “El Chapo” Guzmán y sus hijos acaparaban los titulares. Esta habilidad para mantenerse al margen de la atención pública no es, ni ha sido fortuita, y se entiende como una natural consecuencia de una red de complicidades y acuerdos tácitos que involucran a sectores clave del gobierno, incluidas las instituciones de seguridad al más alto nivel e incluso a la misma ciudadanía. Ahora, con su caída, se abre la posibilidad de que esos acuerdos salgan a la luz.
La extracción del capo modifica el juego. En territorio estadounidense, lejos del alcance de las influencias y presiones que puedan existir en México, las opciones del capo se reducen: colaborar o enfrentar una dura condena casi segura.
La historia nos dice que, en situaciones similares, muchos líderes de la mafia o el narcotráfico en esas mismas circunstancias han optado por la cooperación a cambio de reducciones de pena y protección para sus familias. Si “El Señor del Sombrero”, como también es conocido, sigue este camino, la información que podría proporcionar sería devastadora para muchos en el poder.
Más allá de la humillación que ha significado para el gobierno mexicano y para AMLO la extracción del capo, pues la operación de las agencias de seguridad e inteligencia estadounidenses como la DEA y el FBI en territorio mexicano es un hecho consumado, la reacción desde las conferencias matutinas es preocupante pues, además de exhibir el desconocimiento e ignorancia sobre el caso, también fortalece la narrativa que distintos sectores, tanto en Estados Unidos como en México empujan:
El gobierno mexicano está enojado porque descabezaron al líder de una asociación criminal con la que mantenían una alianza.
El manotazo en la mesa que ha propinado Estados Unidos con esta acción no es casual y parece responder a un hartazgo que deriva del fracaso que ha significado el envío de funcionarios estadounidenses a México, de todos los niveles, para buscar establecer una estrategia conjunta para el combate al narcotráfico. Da la sensación de que los canales bilaterales oficiales y las mesas de cooperación se agotaron.
Después de casi 5 años de intentarlo y no obtener una respuesta seria, las autoridades estadounidenses decidieron dar un golpe estratégico para frenar la proliferación del fentanilo que ha ocasionado una epidemia de muerte con 70 mil estadounidenses por año fallecidos por una sobredosis de este opioide sintético: 200 jóvenes mueren al día. Una problemática que ha adquirido un nivel de seguridad nacional allá.
A eso habría que sumar el componente electoral en el que esta maniobra también podría responder al timing por la disputa de la Casa Blanca que se dará en las elecciones presidenciales en noviembre próximo: una demostración al pueblo estadounidense de que el ex presidente republicano Donald Trump se equivoca cuando acusa a los demócratas en el gobierno de ser pusilánimes frente a las asociaciones criminales que invaden de droga su territorio.
México y particularmente Sinaloa, parecen estar aguantando la respiración frente a las consecuencias que tenga la extracción de territorio mexicano de “El Mayo” y su ahora resguardo por autoridades estadounidenses. Sin embargo, la crisis a la que se enfrenta el gobierno mexicano no es de carácter inmediato y tampoco debería reducirse al análisis de posibles brotes de violencia; es mucho más profunda y se enmarca en el fracaso de la política de “abrazos no balazos” que ha generado más muertos que la “guerra contra el narco” de Felipe Calderón que tanto critican.
Hacia adelante, Claudia Sheinbaum no sólo heredará de AMLO la decepcionante política que, a marzo de 2024, de acuerdo con el INEGI, reportaba 181 mil 327 asesinatos (rebasando así los homicidios que acumularon dos sexenios:
Vicente Fox y Felipe Calderón, con 180 mil 743 casos), sino que también padecerá la desventaja de “negociar” con un Estados Unidos que –aún sin judicializar ni acusar a ningún político mexicano— podría tener en sus manos una radiografía pormenorizada y actualizada de cómo el crimen organizado ha permeado entre la clase política mexicana; derivado de tener bajo su resguardo a los dos principales líderes del Cártel de Sinaloa, “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, la principal asociación criminal del mundo, hasta hoy.
Analista y consultor político. Por más de 12 años, creador de estrategias de comunicación para el sector público y privado. Licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM y maestro en gobierno por el Instituto Ortega y Gasset. Observador del uso de las nuevas tecnologías y su impacto en la democracia. X: @MRomero_z
El error más común de la alta dirección empresarial es ver la gestión ambiental como un costo administrativo. La realidad, respaldada por datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Mundial, indica que el cambio climático ya no es un fenómeno meteorológico, sino un riesgo sistémico de mercado.
En ese sentido, la llegada de la ISO 14001:2026 marca el fin de la era del “cumplimiento por compromiso” para inaugurar la era de la resiliencia operativa. En el contexto actual de relocalización de cadenas de suministro (nearshoring), la trazabilidad ambiental ha dejado de ser un “plus” para convertirse en un filtro de exclusión.
En sectores de alta precisión como el automotriz o el aeroespacial, no tener la certificación ISO 14001:2026 equivale a tener un pasaporte vencido: simplemente no puedes cruzar la frontera de las cadenas globales de valor. Los inversionistas y reguladores ya no preguntan si tienes un plan ambiental, sino cómo este garantiza que no perderás contratos por sanciones o interrupciones climáticas.
La nueva norma no pide que las empresas “sean buenas con el planeta”, pero sí exige que analicen cómo el entorno externo puede colapsar su continuidad operativa. Cuando Lillian Peregrina, directora comercial en Mexico & LATAM de BSI, afirma que la inversión se amortiza en menos de 18 meses, se refiere en concreto a la eficiencia en agua, energía y materias primas como optimización directa del flujo de caja.
Como bien señala Andrés Ibarra, gerente de desarrollo de negocios de BSI en México, el verdadero reto para las organizaciones en México y Latinoamérica es cerrar la brecha entre el discurso corporativo y la operación diaria.
Si el operador de la planta no entiende que su eficiencia es la que garantiza la permanencia de la empresa en mercados exigentes, la certificación es solo un maquillaje costoso.
Para Peregrina e Ibarra postergar la adopción de la norma ISO 14001:2026 no es ahorrar dinero, es acumular una deuda de riesgo que, tarde o temprano, los mercados, los seguros y los bancos cobrarán con intereses impagables.
Iniciativa privada invierte en Sinaloa
El grupo TransitionIndustries, anunció una de las inversiones industriales más relevantes en la historia reciente del país: 3,300 millones de dólares, mediante el proyecto Pacífico Mexinol que contribuirá a posicionar a México como un actor estratégico en la nueva industria química de bajo carbono y en la transición energética global.
El proyecto, ubicado en Topolobampo, Sinaloa, contempla la construcción de la planta de metanol con emisiones ultra bajas más grande del mundo en su tipo, bajo un modelo orientado a emisiones netas cercanas a cero (Net Zero), mediante el uso de tecnologías de captura de carbono, energías limpias e hidrógeno verde.
Déjeme decirle que el metanol es un insumo clave para múltiples cadenas industriales, utilizado en la producción de materiales, combustibles y productos químicos de uso cotidiano. En su versión de bajas emisiones, como la que producirá en Sinaloa, se convierte además en un componente relevante para avanzar hacia procesos industriales y energéticos más limpios.
Se espera que Pacífico Mexinol inicie operaciones para el 2030, con una producción de 1.8 millones de toneladas anuales de metanol azul y 350 mil toneladas de metanol verde, lo que fortalecerá la competitividad industrial de México y su integración en cadenas globales de valor.
Durante su etapa de construcción, el proyecto generará alrededor de 6,000 empleos, así como más de 400 empleos permanentes en operación, impulsando el desarrollo económico regional, la formación de talento especializado y el fortalecimiento de proveedores locales.
Considera además el uso exclusivo de agua residual tratada, buscando evitar la presión sobre fuentes de agua potable, y cuenta con más de 200 medidas de mitigación ambiental.
México mantiene una contradicción en su política energética: mientras el discurso apuesta por la soberanía, la realidad profundiza la dependencia del extranjero. Importamos gas licuado de petróleo, combustibles automotrices y gas natural. El caso de este último energético es quizá el ejemplo más evidente. México vive atado a las importaciones, especialmente de Estados Unidos y esa dependencia se acentuó durante el sexenio del nacionalista Andrés Manuel López Obrador.
En 2025, México importó en promedio de 6 mil 600 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, equivalentes, de acuerdo con cifras de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) y el Sistema de Información Energética (SIE). Esto equivale a aproximadamente 68 mil millones de metros cúbicos anuales, un volumen histórico que confirma una tendencia creciente desde 2018.
El volumen del gas proviene del extranjero (principalmente de Texas) y que utiliza México, especialmente para la industria y para la generación de energía eléctrica equivale al 76% del consumo total nacional. Esto significa que tres de cada cuatro moléculas que consumimos no se extraen del subsuelo mexicano, aunque ahí está el gas natural: enterrado.
El balance del sexenio anterior es claro: las importaciones crecieron de manera sostenida, con un incremento promedio anual cercano al 5%, y un aumento acumulado de más de 30% respecto a 2018. Este fenómeno no fue casual. Respondió, por un lado, a la caída relativa de la producción nacional de gas y, por otro, a una política energética que, en los hechos, relegó el desarrollo de recursos no convencionales, particularmente el gas de lutitas.
La negativa al fracking durante el sexenio pasado -más ideológica que técnica- dejó sepultado uno de los mayores potenciales energéticos del país. México cuenta con recursos prospectivos de hasta 141.5 billones de pies cúbicos de gas natural en yacimientos no convencionales, ubicados principalmente en tres cuencas: Burgos, Sabinas-Burro Picachos y Tampico-Misantla que abarcan parte de los estados de Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí.
De estas, la Cuenca de Burgos, en el noreste del país, es considerada la más importante por su extensión, infraestructura existente y cercanía con los desarrollos shale de Estados Unidos. Es, en términos geológicos y económicos, la gran reserva estratégica de gas natural de México.
Por eso, el giro del actual gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum para volver a permitir extraer el gas natural alojado en las rocas mediante el fracking o fracturamiento hidráulico bajo nuevos estándares técnicos y ambientales no sólo resulta relevante, sino necesario, ya que marca el abandono de una narrativa que durante años frenó el aprovechamiento del gas natural y provocó el aumento en las importaciones.
La decisión significa reconocer que el gas natural no es el enemigo de la transición energética, sino su aliado. En un sistema eléctrico donde más del 60% de la generación depende de este combustible, su disponibilidad es indispensable para garantizar estabilidad, respaldo a energías renovables y competitividad industrial.
El gas natural es el combustible de transición ya que genera menos emisiones contaminantes que el carbón o el combustóleo; es más económico que otras opciones energéticas y es esencial para sostener el crecimiento económico mientras se avanza hacia un sistema más limpio.
Apostar por su producción nacional no significa renunciar a la transición energética, sino hacerla viable porque seguir dependiendo del gas importado representa riesgos como la vulnerabilidad ante eventos climáticos, tensiones geopolíticas que derivan en la volatilidad y, casi siempre, en aumento de precios, como se evidenció durante la crisis energética de Texas, en 2021.
Reevaluar el fracking significa dejar atrás el oscurantismo ideológico para adoptar una política energética informada y orientada al bienestar nacional. Ahora el reto es atraer y garantizar inversiones público-privadas; una regulación estricta y una supervisión clara de las prácticas para disminuir el daño al medio ambiente.
La inversión privada se mantiene como el pilar más sólido para garantizar la estabilidad y el crecimiento de México. Más allá de los indicadores macroeconómicos, es el flujo de capitales, nacionales y extranjeros, lo que traduce las proyecciones en empleos reales, infraestructura y competitividad. Cuando una empresa destina sus recursos económicos en territorio mexicano, no solo apuesta por un mercado consumidor, sino por la capacidad técnica de su gente y la posición estratégica del país en las cadenas de valor globales.
Esta semana, tres anuncios de sectores tan diversos como el de consumo masivo, la belleza y la manufactura pesada, confirman que, pese a los retos, la brújula de los negocios sigue apuntando hacia la consolidación en suelo azteca.
Nestlé apuesta en el Edoméx
La firma suiza Nestlé destinará una inversión de 455 millones de dólares. Lo interesante de este movimiento es su dualidad: 275 millones se destinan a modernizar sus cinco plantas ya existentes (desde el alimento para mascotas en Cuautitlán hasta los snacks saludables en Tultitlán), mientras que 180 millones dan vida a un nuevo Centro de Distribución (CEDIS) en Zumpango.
Con una capacidad de 90 mil posiciones de pallets, este CEDIS no es solo un almacén; es una declaración de eficiencia. Según Fausto Costa, presidente ejecutivo de la compañía, la hoja de ruta incluye automatización y mejoras en eficiencia hídrica y energética. Para una entidad que alberga a casi 3,000 colaboradores directos de la firma, esta inyección de capital asegura que la manufactura mexiquense siga siendo el corazón operativo de Nestlé en la región.
Natura y la conquista del “retail”
Por otra parte, en el sector de venta directa, Natura está rompiendo el molde tradicional. La compañía anunció la apertura de 10 nuevas tiendas y 10 franquicias para este 2026, buscando alcanzar 34 puntos de venta físicos. El objetivo es claro: capitalizar un mercado de belleza que en México supera los 14,000 millones de dólares anuales.
Francisco Demesa, director general de Natura y Avon, ha sido enfático: México es el mercado de habla hispana con mejores oportunidades en Latinoamérica. El giro hacia las franquicias es estratégico, pues permite fomentar el emprendimiento local manteniendo los estándares de una marca global. Es, en esencia, la evolución de la venta por catálogo hacia una experiencia omnicanal donde el consumidor decide dónde y cómo interactuar con la marca.
Die Casting: El silencio estratégico de la manufactura
El sector industrial se prepara para una cita clave en el Bajío. Los próximos 15 y 16 de abril, la Die Casting Expo México 2026 aterrizará en el Centro de Congresos de Querétaro. La fundición a presión es, quizás, uno de los héroes anónimos de nuestra economía; sin ella, las industrias automotriz y aeroespacial simplemente se detendrían.
México se ha consolidado como un centro de manufactura avanzada, y la región del Bajío —Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Aguascalientes— es el epicentro de este ecosistema. El evento no solo será una vitrina de maquinaria y aleaciones, sino un termómetro para medir cómo la automatización y la ingeniería de precisión están respondiendo a la creciente demanda de componentes especializados en Norteamérica.
En el balance final…
Desde el café que consumimos hasta las piezas de alta precisión de un motor, la inversión privada está presente. Que estas empresas sigan expandiendo sus líneas de producción y abriendo puntos de venta es la mejor señal de que México, con su infraestructura y talento, sigue siendo un destino indispensable para el capital global.