Ciudad de México, 31 de octubre, 2022. – El gobierno de Ciudad de México busca impulsar en el Congreso local la aprobación de un marco legal que establezca obligaciones para los concesionarios de telecomunicaciones instalen sus redes de manera subterránea en la capital del país, indicó el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET)
Respecto a lo anterior expresó preocupación, al asegurar que con ésto se impondrían obligaciones arbitrarias a los concesionarios tanto en aspectos legales como económicos de una política en materia de despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.
“Si bien las autoridades locales y las entidades federativas tienen competencia para establecer normas sobre desarrollo urbano de aplicación exclusiva dentro de su propia demarcación territorial, no pueden pasar por encima del andamiaje constitucional y legal que establece que lo relacionado con las vías generales de comunicación, lo que entre otras cuestiones incluye los derechos de vías sobre los que está instalada infraestructura de telecomunicaciones, es de jurisdicción federal”, señaló el IDET.
Indicó que legislar sobre las vías generales de comunicaciones, sobre el espacio aéreo y el subsuelo, es facultad exclusiva del Congreso federal; y que los congresos de las entidades federativas no tienen atribuciones en la materia, por tanto, cualquier ley estatal que busque establecer obligaciones para desplegar infraestructura de manera subterránea, al igual que cobros o contribuciones periódicas por el uso del subsuelo, incurrirían en vicios de inconstitucionalidad.
Añadió que la acción tiene una motivación claramente recaudatoria. “Así lo reflejan declaraciones realizadas a los medios de comunicación por la Jefa de Gobierno la semana pasada, en las que destacó de manera central que la Ciudad de México buscará fortalecer la recaudación por medio del soterramiento de los cables”.
Por otro lado, el IDET consideró que es de extrema importancia que tanto autoridades como legisladores, locales o federales, no pasen por alto el fuerte impacto sobre los costos que representaría un marco legal que imponga obligaciones de soterramiento.
Y que pasar de la infraestructura aérea, que actualmente existe, la infraestructura soterrada, puede llegar a multiplicar los costos de los operadores por un factor de diez.
La infraestructura de postes y cableado en Ciudad de México (CDMX) sobre la que descansa la infraestructura aérea, que habilitan el fluido eléctrico y de telecomunicaciones, permiten que siete de cada diez viviendas dispongan de telefonía fija, cerca de ocho de cada diez cuente con acceso a internet, aproximadamente cinco de cada diez tienen servicios de televisión restringida y poco más de una tercera parte algún servicio de streaming, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el INEGI.
Además, el IDET destacó que al ser una medida que afecta a todos los operadores por igual, los costos de la prestación de servicios de telecomunicaciones en CDMX se incrementarán de manera similar a lo largo de todas las redes, lo que obligaría a los operadores a incrementar las tarifas de los servicios de telecomunicaciones que se prestan en la CDMX, a un nivel tal que permitan cubrir en el largo plazo los nuevos costos de las redes.
Asimismo, detalló, elevar el costo de manera significativa para el despliegue de nueva infraestructura de telecomunicaciones también tendría efectos sobre la viabilidad y oportunidad para consolidar en la Ciudad de México un ecosistema 5G, que requiere una sólida infraestructura de fibra óptica y el despliegue de muchas más antenas para hacer frente al crecimiento explosivo del consumo de datos de personas, hogares y empresas.
Por lo que al respecto consideró que la intención del gobierno de la Ciudad de México de obligar a soterrar la infraestructura de telecomunicaciones no ha sido adecuadamente analizada.
De igual forma, el IDET exhortó al IFT para que ejerza las facultades constitucionales con las que fue dotado por el Poder Reformador de la Constitución.