Desafortunadamente, en lo que va del presente año, en México se siguen acumulando los casos de ataques a mujeres con ácido sulfúrico o ácido clorhídrico u otras substancias corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas e inflamables.
Es importante mencionar que sobre este tipo de agresiones no se tiene el registro de la cifra oficial del número de mujeres víctimas ya que existen muchos casos que no se denuncian y, por lo mismo, no se hacen públicos.
A través de los diferentes medios de comunicación, nos hemos enterado de algunos casos de ataques con ácido, por ejemplo: en Estado de México, tres; en Aguascalientes, dos; en Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Querétaro y Yucatán, solamente uno en cada entidad.
Un dato importante que se tiene de estos acontecimientos, es el que la edad promedio de las víctimas se ubica entre 20 y 30 años; además de que, en la mayoría de ellos, los agresores fueron su pareja o expareja y, por si algo faltara, la mayoría de los casos están en la impunidad y sin reparación integral del daño.
Para que estos ataques no se queden en la cifra oscura o en la impunidad, algunas de las víctimas han contado sus historias para visibilizar todo lo que han enfrentado, desde la carencia en la atención médica, falta de apoyo, hasta la re-victimización y falta de justicia, ya que sus agresores siguen libres o sin sentencia.
En Huixquilucan, Estado de México, se realizó un mural que visibiliza y nombra a algunas de las mujeres atacadas con ácido en México, además se muestra los rostros del dolor y la rabia de algunas de ellas, como es el caso de Carmen Sánchez, Esmeralda Millán, Elena Ríos y Ana Saldaña, ya que, como lo mencioné, desafortunadamente aún existe impunidad. Este mural fue creado por los artistas Pedro Peña Reyes, Trom y Miguel Sant, con el apoyo de Alejandro León del Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de México.
Ante esta situación, algunas legisladoras se han pronunciado por la defensa de las víctimas de estos ataques, por lo que se envió al Congreso una iniciativa que está dirigida a todas las personas expuestas a múltiples y diversos riesgos de sufrir un ataque con substancias corrosivas y por quienes nadie hace efectiva y eficiente justicia.
Dicha iniciativa busca elevar de 15 a 25 años de prisión y multa de 500 a 5 mil veces el valor diario de la UMA, a quien provoque dolosamente una lesión que deje en la víctima cicatriz perpetuamente notable en la cara o en cualquier parte de su cuerpo.
Asimismo, cabe resaltar que la iniciativa tiene como prioridad robustecer el Código Penal Federal, en materia de sanciones contra victimarios de mujeres agredidas con sustancias corrosivas, como ácido o alcohol, además de duplicar las penas señaladas cuando la agresión se cometa por razones de género, con premeditación, alevosía y ventaja.
Con esta reforma al Código Penal Federal, se busca establecer una herramienta jurídica para que los juzgadores tengan en sus manos la capacidad fundada de imponer sanciones más severas a los responsables de estos actos.
La reforma consiste en adicionar al artículo 294 del Código Penal Federal, que se incremente la pena de prisión si las lesiones corporales son causadas con ácido o cualquier otra sustancia corrosiva, dejando un daño físico, motriz, psicológico o económico.
Ahora bien, vale la pena hacernos dos preguntas, ¿Es necesario aumentar las penas para castigar a los responsables de cometer agresiones contra la mujer con sustancias corrosivas? ¿Con aumentar la pena de prisión se eliminará o por lo menos se reducirán las agresiones de este tipo?
Mi respuesta es que, si es necesario aumentar las penas, ya que con ello se puede inhibir a cualquier persona para que no incurra en dicha acción contra la mujer, sin embargo, para la segunda pregunta, mi respuesta es que no se eliminará, pero sí puede disminuir, ya que el privar de la libertad a una persona por mucho tiempo no garantiza que dejará de hacerlo, sin embargo, se puede considerar una forma de que otras personas no lo hagan y eso tiene como consecuencia la reducción de casos.
También considero que no solamente se tiene que llevar a cabo una reforma penal, es muy importante establecer estrategias y líneas de acción que instrumente el Estado en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de cualquier tipo de violencia contra las mujeres, para garantizar a las victimas el derecho, efectivo y real al acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar.
Por ello, es incuestionable la necesidad de tener las políticas públicas del Estado debidamente articuladas y sistematizadas, esto solo es posible a través de un programa que aporte la metodología adecuada, con la firme posibilidad de no solamente disminuir la violencia, sino erradicarla para que, cualquier mujer, se sienta debidamente segura en su casa, en la calle, en el trabajo o donde quiera que se encuentre.
“Cada mujer dañada, agredida, asesinada, es el testimonio mudo e indefenso de lo peor que encierra el ser humano: del triunfo de la fuerza bruta, ciega, salvaje, enferma, sobre cualquier sentimiento, sobre cualquier pensamiento, sobre todo lo que nos hace dignos. Gritemos basta” (David del Puerto).
