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Propone CEPAL ingreso básico de emergencia y subsidios a microempresas

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Ciudad de México., 10 de julio de 2020. Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advirtió que la región sufrirá la mayor contracción económica del último siglo con una caída del 9.1% en 2020, por lo que se requiere un pacto social entre el Estado, el mercado y la sociedad.

Estimó que el comercio caerá 20%, mientras que las remesas disminuirán 20% y que el espacio espacio fiscal es reducido, con una tasa tributaria de 23% contra el 34% de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y una evasión fiscal muy alta que llega a 6.1% del Producto Interno Bruto (PIB).

El desempleo aumentará del 8,1% al 13,5% agregando a 18 millones de personas que sumarán 44 millones de desempleados, mientras que la informalidad en la región es del 54%, donde 60% son mujeres.

Por lo tanto, el impacto social será muy duro, con una pobreza de 230 millones de personas y una pobreza extrema de 96 millones de personas quienes, además, están expuestas a caer en una inseguridad alimentaria severa.

La alta funcionaria de las Naciones Unidas subrayó que, para hacer frente a todos estos flagelos, la CEPAL propone un ingreso básico de emergencia equivalente a una línea de pobreza (147 dólares) por seis meses, con un costo de 1.9% PIB y un bono contra el hambre equivalente a 70% de una línea de pobreza extrema (57 dólares) que costaría 0.45% del PIB.

Afirmó que, según cálculos de la Comisión, se perderán 2.7 millones de empresas que representan el 19% del tejido empresarial de la región. Por lo tanto, la CEPAL propone un subsidio a micro-empresas y expansión de créditos a las pequeñas y mediana empresas sin intereses por dos años. También la entrega de contribuciones mensuales a 15 millones de trabajadores autónomos.

Reconstruir mejor implica hacerlo con igualdad y sostenibilidad, con un pacto social que incluya una nueva ecuación entre el Estado, el mercado y la sociedad, que permita alcanzar un régimen universal de protección social y de acceso a bienes públicos básicos, afirmó Alicia Bárcena.

La máxima representante de la Comisión regional participó en un evento paralelo al Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas 2020 (HLPF, por sus siglas en inglés), que se desarrolla virtualmente este mes de julio, titulado La Agenda 2030 en el nuevo contexto global y regional: escenarios y proyecciones para América Latina y el Caribe en la crisis actual, organizado por la CEPAL y la Misión Permanente de México ante la ONU.

Junto a Alicia Bárcena intervinieron el Embajador Juan Ramón de la Fuente, Representante Permanente de México ante la ONU; Pilar Garrido, Ministra de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica; Luz Keila Gramajo Vílchez, Secretaria de Planificación de Guatemala y Markova Concepción Jaramillo, Comisionada Presidencial para el Examen Nacional Voluntario y Representante Permanente designada de Panamá ante la ONU.

Participaron también Juan Daniel Oviedo, Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia; Rochelle Whyte, Asesora Técnica Superior del Director General del Instituto de Planificación de Jamaica y Laura Giannecchini, Coordinadora de Desarrollo Institucional de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), en nombre del Mecanismo de participación de la sociedad civil en la Agenda 2030 y en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.

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Salud mental en las empresas: la estrategia clave para cuidar el talento y asegurar la sostenibilidad del negocio

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Ciudad de México, 9 de octubre de 2026.- En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora el 10 de octubre, la gestión de los riesgos psicosociales dentro de las organizaciones se ha consolidado como un desafío prioritario de negocio. Identificar factores de vulnerabilidad en las plantillas laborales y estructurar mecanismos institucionales de apoyo es hoy una necesidad tanto estratégica como humana.

De acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la depresión y la ansiedad provocan la pérdida anual de 12 mil millones de jornadas laborales, lo que genera un impacto negativo en la economía global cercano a un billón de dólares en términos de productividad.

Factores como la sobrecarga de trabajo, las dinámicas de acoso, el aislamiento, la inestabilidad contractual y las deficiencias directivas constituyen los principales detonantes de riesgo que afectan el bienestar y el rendimiento de los colaboradores.

Normativas y estándares internacionales para las empresas

Para responder a este panorama, las organizaciones en México cuentan con la NOM-035-STPS-2018, disposición obligatoria orientada a identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo.

A nivel internacional, marcos de referencia como la ISO 45001:2018 (gestión de la seguridad y salud en el trabajo) y la ISO 45003:2021 (orientación específica para riesgos psicosociales) guían a los líderes de empresa a estructurar políticas sólidas que incluyan:

  • Capacitación técnica para mandos medios y equipos de recursos humanos.
  • Creación y mantenimiento de ambientes de trabajo orientados al bienestar.
  • Protocolos definidos para la atención y seguimiento de casos de vulnerabilidad.

El centro de trabajo como agente de prevención

A nivel global, la OMS registra más de 720 mil fallecimientos por suicidio al año. En México, datos del INEGI reportaron 8,709 casos durante 2025, donde aproximadamente ocho de cada diez correspondieron a hombres.

Aunque el suicidio responde a una multiplicidad de factores personales y de salud, las empresas desempeñan un rol clave al facilitar la detección temprana. Implementar canales de comunicación confidenciales y contar con personal capacitado para la canalización especializada ayuda a fortalecer las estrategias de prevención y proteger el talento de las organizaciones.

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Promueven cobros con códigos QR sin comisiones para la formalización de PyMEs en México

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Ciudad de México, 9 de octubre de 2026.— A siete años del lanzamiento de Cobro Digital (CoDi), la adopción de medios de pago electrónicos cobra un nuevo impulso dentro de la agenda de inclusión financiera y formalización económica en México. Ante un entorno normativo que promueve la transición digital —como la propuesta de Ley de Economía Digital y los incentivos del Paquete Económico 2027 para el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO)—, las micro y pequeñas empresas encuentran en la tecnología una vía ágil para modernizar sus cobros sin incurrir en costos adicionales.

Entre las medidas regulatorias más recientes destacan las cuentas Nivel 2 Bis implementadas por el Banco de México (Banxico), diseñadas para que los pequeños comercios reciban hasta 15,000 UDIS mensuales, priorizando que al menos 12,000 UDIS provengan de canales digitales. En este ecosistema, CoDi ofrece cobros inmediatos las 24 horas mediante códigos QR y solicitudes móviles sin generar comisiones por operación.

De acuerdo con estimaciones de Sistema de Transferencias y Pagos (STP), la adopción de este esquema permite a los comercios minoristas ahorrar hasta 84,000 pesos anuales en comisiones, evitando las tarifas habituales de terminales punto de venta (TPV) y agregadores, que oscilan entre el 1.51% y el 5.11%.

“La digitalización de los pagos es un habilitador indispensable para que las PyMEs tomen el control de sus operaciones, disminuyan el uso de dinero en efectivo y generen un historial financiero. México cuenta con una infraestructura sólida; el verdadero reto radica en lograr que los emprendedores adopten estas soluciones en su día a día”, destacó Jaime Márquez, Socio y Director Ejecutivo de Desarrollo de Negocios en STP.

El terreno para la adopción digital se mantiene favorable. Durante 2025, el sistema SPEI procesó 7,400 millones de transacciones —un incremento del 36% en comparación con el año anterior—, mientras que CoDi alcanzó 22.1 millones de cuentas validadas. Paralelamente, programas como “Crece tu MIPYME con Pagos Digitales” de la Secretaría de Economía reportaron más de 692 mil pequeños negocios aceptando cobros electrónicos a mediados de 2026.

Además del beneficio económico, la trazabilidad de cada operación electrónica facilita la conciliación de ingresos, la organización contable y la profesionalización administrativa de las empresas en crecimiento.

“La formalización requiere herramientas operativas accesibles. La tecnología ya está disponible; la prioridad es acompañar a las PyMEs para que aprovechen al máximo sus ventajas”, concluyó Márquez.

Nota al editor: SPEI®, CoDi® y Dimo® son marcas registradas del Banco de México.

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Aseguradoras ante el nuevo reto: reducir el tiempo y la incertidumbre tras el robo vehicular

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Ciudad de México, 7 de octubre de 2026.- Para la industria aseguradora en México, medir el éxito de una póliza ya no depende únicamente de confirmar si un automóvil fue localizado o indemnizado. El verdadero desafío actual radica en optimizar el tiempo de respuesta, minimizar la incertidumbre del cliente y reducir drásticamente el costo operativo que genera cada incidente.

A pesar de que el país registra una disminución reciente en el robo de unidades aseguradas, la eficiencia operativa sigue siendo una tarea pendiente. Tradicionalmente, el foco se ha puesto en el porcentaje de recuperación; sin embargo, descuidar la duración del proceso administrativo y el impacto emocional en el conductor eleva el costo real del siniestro.

Más allá de la recuperación: la experiencia del asegurado

Cuando un vehículo es robado, el impacto va más allá de la pérdida patrimonial: altera de forma inmediata los traslados laborales, la dinámica familiar y las actividades cotidianas del afectado. En este escenario, la comunicación transparente y el acompañamiento por parte de la aseguradora marcan la diferencia en la percepción del servicio.

Herramientas tecnológicas de rastreo y telemetría, como las soluciones de LoJack Connect, permiten a los usuarios consultar el estatus de su unidad y recibir alertas en tiempo real mediante plataformas digitales. Integrar estas capacidades en los modelos de atención ayuda a eliminar la dependencia de seguimientos manuales y otorga mayor visibilidad a lo largo de todo el proceso.

Transformar datos en prevención

La evolución del sector también exige aprovechar la información generada durante estos eventos. Variables como horarios, ubicaciones, recorridos y patrones de comportamiento permiten identificar zonas de riesgo y diseñar estrategias de prevención mucho más precisas. Así, cada incidente deja de ser solo un expediente cerrado para convertirse en inteligencia útil que fortalece la seguridad futura.

En conclusión, el costo de un robo vehicular no se limita al valor comercial de la unidad. Incluye también las horas hombre destinadas al seguimiento, los recursos operativos y la tranquilidad del cliente. Agilizar cada eslabón de esta cadena representa una nueva medida de eficiencia y una forma tangible de responder con valor en los momentos más críticos.

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