Ciudad de México, 9 de julio de 2020- La industria de Gas Licuado de Petróleo (LP) manifestó preocupación por el mercado negro del combustible en el país, que se ha convertido en un mal crónico dañando, principalmente, al consumidor final, a la recaudación del SAT y a PEMEX.
Estimó que en 2019 la pérdida económica de Pemex fue de 70 mil millones de pesos, de los cuales, 13 mil millones de pesos corresponden al robo de Gas LP, lo que representa casi el 10% de todo el gas distribuido a nivel nacional, es una cifra muy alta considerando que México es el quinto mayor consumidor de Gas LP en el mundo.
México es el mercado más grande de gas LP en América Latina y el quinto del mundo, con 1,200 plantas de gas. Esta industria realiza un millón de servicios diarios en las que trabajan 200 mil personas directamente y 500 mil de manera indirecta.
En ese sentido, advirtió que si ese grave problema no se atiende y resuelve adecuadamente, se ocasionarían una afectación social con sus prácticas altamente riesgosas en la extracción ilegal, en el trasiego y venta de producto y sin cumplir con las normas de seguridad básicas que protegen al consumidor final y a la población en general.
En diversas regiones del país operan grupos delictivos que permanentemente sustraen el gas del ducto principal de Pemex y de algunas de sus refinerías; amenazan a operadores y roban pipas y transportes de empresas privadas; operando una red de distribución clandestina, creando empresas fantasmas, afectando a la población mediante amenazas, extorsiones y secuestros, poniendo en riesgo la vida de los trabajadores y del consumidor final.
Información de Pemex indica que el número de tomas clandestinas aumentó 900% del 2012 al 2018, y desafortunadamente hoy en día el problema de robo de Gas LP continua igual. La extracción y distribución ilegal se concentra principalmente en: Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Guanajuato, Querétaro, Veracruz, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Tamaulipas.
En esos estados, la venta de gas robado representa hasta un 25% de participación de mercado ilegal que desplaza a empresas que generan empleos, pagan impuestos, invierten en infraestructura para garantizar el abasto y cumple con todas las normas de seguridad y protección de los consumidores.
La venta de gas robado se realiza mediante pipas clonadas y estaciones de servicios que no cumplen con las normas de seguridad básicas, con el mantenimiento, ni con la capacitación del personal y seguros de protección al usuario, exponiendo a la población a tener accidentes de graves consecuencias.
Las cifras aumenta y dañan a la industria, distorsionando el mercado, afectando condiciones de libre competencia y libre concurrencia al mercado, con cierre de rutas de distribución por amenazas, gran cantidad de pipas robadas por la delincuencia, falta de inversiones y pérdida de empleos formales directos e indirectos.
Si bien las acciones en contra del robo de hidrocarburos en el 2019, se enfocaron principalmente para tratar de reducir las afectaciones a PEMEX en robo de gasolinas, esto ocasionó que los grupos delictivos migrara al robo de Gas LP, en donde alcanzan un promedio de 58 mil toneladas mensuales.
